Tanto el veto presidencial a la expropiación del Hotel Bauen de la Ciudad de Buenos Aires como el de la gobernadora María Eugenia Vidal a la expropiación de una empresa de cerraduras de precisión de la localidad bonaerense de Tigre, exhiben la clara intención del oficialismo de confrontar con un movimiento de trabajo autogestivo que lleva más de una década consolidándose y que ha sido imitado en otros países como España y Grecia.
“Tal medida implicaría una erogación presupuestaria muy importante que se estima no debe concretarse en las actuales circunstancias, por cuanto si bien su finalidad podría considerarse loable, la concreción de dicho proceso expropiatorio implicaría un severo perjuicio en la posibilidad de asignar por parte del PODER EJECUTIVO NACIONAL los recursos económicos disponibles a otras necesidades básicas insatisfechas para el conjunto de la población, exclusivamente en beneficio de una situación particularizada que sólo afecta a un grupo de personas”, la argumentación contra la expropiación del Hotel Bauen, firmada por el presidente Mauricio Macri y el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, suena caprichosa. Y lo es.
Entre los muchos ejemplos comparativos que podrían poner en tela de juicio la voluntad del Gobierno de cuidar los recursos públicos para “necesidades básicas insatisfechas”, se puede mencionar el perdón de una deuda con el Estado de 19 mil millones de pesos a las empresas de energía.
Es una cifra que cubriría con creces las indemnizaciones derivadas de la expropiación de las 350 empresas recuperadas, que ocupan a 25 mil trabajadores. Por supuesto sobrarían muchos millones más como para ocuparse de las necesidades insatisfechas de la población, una de las cuales es el derecho a trabajar.
Las empresas favorecidas con este perdón no son encuadradas dentro de una “situación particularizada que sólo afecta a un grupo de personas” como sucede con los trabajadores del Bauen.
Posible fraude
La gobernadora Vidal, en sintonía con el Presidente, vetó en enero la expropiación dispuesta por la legislatura bonaerense de la empresa recuperada CDP, Cerraduras de Precisión, en manos de sus trabajadores desde que quebró en 2013. En los fundamentos del rechazo, queda expuesta más crudamente la política anti recuperadas.
A la molestia que significaría tener que modificar el presupuesto provincial ya aprobado a causa de un nuevo gasto, el ejecutivo provincial le suma que “la expropiación analizada no resulta como una solución a los problemas de las empresas dadoras de trabajo en crisis, ni contribuyen a la defensa del trabajo formal, dando lugar en determinadas ocasiones a situaciones de fraude laboral”
Vidal define que su gobierno sólo defiende el “trabajo formal”, dentro del cual no figuraría la autogestión de los trabajadores. Pero, además de restringir el derecho al trabajo, presume que las empresas recuperadas están para cometer fraude. Esto pese a que la empresa sobre la que tenía que expedirse puede mostrar sobradamente que está administrándose mejor que con sus ex dueños y que en octubre de 2016 facturó 900 mil pesos, gracias al esfuerzo de sus 40 operarios.
E.B.