En la Argentina hay registradas 605.626 empresas. Suponiendo que en cada una hay un empresario (los hay que reúnen varias empresas, pero también hay firmas con varios socios o cooperativas), ese sector representa menos del 1,4% de la población. A lo largo de estos días los medios se ocuparán de reflejar los ecos de la reunión empresarial denominada Coloquio de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresario Argentino), que tiene sólo mil empresarios inscritos (el 0,16% del total) y está organizada por 100 empresas (el 0,01% de las firmas).
Las tapas de los cuatro principales matutinos destacan en sus ediciones del jueves 18 y el viernes 19 el desarrollo de ese encuentro. Allí se habla de “cambio cultural”, de meritocracia, de macroeconomía, de déficit fiscal, del FMI, de las próximas elecciones nacionales. Los CEO que representan el poder empresario y financiero concentrado de la Argentina toman exámen en ese ámbito a los principales dirigentes políticos y aprovechan para hacer lobby sobre cuestiones particulares relacionadas con sus negocios.
Desde el lado de los funcionarios públicos hay una clara alineación con la profundización del ajuste y la pérdida de derechos de los trabajadores. El ministro de producción Dante Sica les aseguró a los empresarios que en 2019 avanzará con una reforma laboral “sin prejuicios ni ideología”. En la apreciación del funcionario, la derogación de derechos, la pérdida de poder adquisitivo y la inestabilidad laboral a cambio de una concentración mayor de poder en las grandes corporaciones, no constituyen una ideología. La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal reforzó esa idea de alineación neoliberal al afirmar que no quiere una Argentina amiga de Venezuela e Irán sino “la Argentina del G-20”.
En cambio, no se hablará allí de los cierres de pequeñas empresas, de los miles de despidos generados por el estancamiento que imponen las políticas oficiales, de la distorsión que implica la concentración de poder empresario en las cadenas de producción, de la falta de un proyecto productivo estratégico de país o de la invisibilización de millones de trabajadores y pequeños productores a quienes no se les reconocen sus derechos económicos y forman parte del 40% de la población que, según los datos del INDEC, percibe menos de 5.200 pesos mensuales.
De la importancia que se le da a ese ínfimo, despreciable porcentaje de individuos, se pueden sacar varias conclusiones. Por ejemplo, que la mayoría de los periodistas pasa por alto datos como estos, que sirven para contextualizar de qué se habla cuando se habla de la concentración del poder económico.
Eduardo Blanco