Esta semana los trabajadores del Hotel Bauen enfrentan una dura pelea por mantener su fuente laboral pese al veto presidencial que frenó la expropiación ordenada por el Congreso, que abrió la instancia del desalojo judicial. La política de Mauricio Macri es la de impedir este tipo de formas laboral, mientras en Europa se empieza a dar un marco legal a las empresas recuperadas por sus trabajadores, muchas de ellas inspiradas en el modelo argentino.
El Hotel Bauen será el caso testigo que busca el Gobierno para saber hasta dónde puede avanzar en su idea de debilitar el movimiento de empresas recuperadas, una experiencia autogestiva surgida en la década de 1990 que ha sido imitada por trabajadores de todo el mundo obligando a revisar leyes en la Unión Europea y varios países latinoamericanos.
El hotel del centro porteño está gestionado por sus trabajadores desde 2003, cuando los dueños decidieron su cierre. Luego de 13 años de lucha por legalizar su situación, en noviembre de 2016 consiguieron que el Congreso apruebe la Ley de Expropiación que les permitiría adquirir definitivamente el predio, pero un mes después, el presidente Mauricio Macri vetó esa resolución con la excusa de cuidar el dinero público por el costo que implicaría la expropiación frente a “una situación particularizada que sólo afecta a un grupo de personas”
En realidad, la política que ha tenido el gobierno de Cambiemos desde que asumió fue la de rechazar cualquier posibilidad de aceptar legalmente la posibilidad de que los trabajadores puedan hacerse cargo de las empresas que son abandonadas por sus dueños. La misma actitud de Macri la tuvo la gobernadora María Eugenia Vidal con cuatro empresas recuperadas de la provincia de Buenos Aires.
Esta circunstancia habilitó a que la jueza Paula María Hualde disponga el desalojo del Bauen por la fuerza pública para el próximo miércoles 19.
La modalidad de las empresas recuperadas en la Argentina ha sido replicada en varios países europeos y en la actualidad hay ejemplos de trabajadores que se han hecho cargo de la administración de sus fuentes laborales en 14 países.
En mayo de 2014, trabajadores de Marsella (Francia) lograron que la justicia les reconozca el derecho a operar una planta de Unilever que había sido abandonada cuatro años antes por esa firma. Decenas de ejemplos de este tipo fueron presentados en noviembre de 2016 en un encuentro internacional organizado en Tesalónica (Grecia) en el que abundaron testimonios de fábricas recuperadas en España, Francia, Italia, Serbia, Grecia, México, Venezuela, Turquía, Croacia, Polonia, Uruguay, Brasil, Puerto Rico y Paraguay.
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