La política de cielos abiertos del gobierno argentino ha desmantelado el proyecto satelital argentino, uno de los programas tecnológicos más ambiciosos, cuya proyección alcanzaba hasta 2035. La venta del ArSat III, la desinversión en los proyectos pautados y la apertura hacia los operadores privados, han desactivado un negocio incipiente en un área estratégica para las comunicaciones. El argumento oficial es que los argentinos pagarán menos por la telefonía y la conexión a internet. No se dice, en cambio, el enorme costo monetario, laboral y de desarrollo autónomo que significará perder el liderazgo en una tecnología de punta.
Es habitual que los economistas y dirigentes liberales acusen de las crisis que se producen en los países emergentes al déficit del Estado sobredimensionado. Según esa vieja teoría, el populismo malgasta los recursos públicos y genera desequilibrios que dejan sin gasa a los hospitales y sin patrulleros las calles, según dos de las figuras que más les gusta agitar desde el catecismo del Libre Mercado. La solución, entonces, es recortar lo que pueda significar un escollo a la hora de que las cuentas cierren.
El gobierno de Cambiemos, desde su asunción en 2015, ha repetido esas premisas y ha justificado los despidos en el Estado y el cierre de algunas dependencias con la excusa de “optimizar” la administración pública y achicar gastos innecesarios. En la teoría, estos recortes servirían para que el Estado se ocupe de temas centrales para el desarrollo del país con una economía saneada.
Pero la puesta en marcha de esos ajustes demuestra que la forma en que se produjo esa “optimización” es totalmente contraria a los intereses del país e incluso que el desmantelamiento de algunas áreas vinculadas con ciencia y técnica implican un costo enorme por el freno a proyectos que funcionaban y eran rentables especialmente cuando son fundamentales para achicar la dependencia tecnológica que limita el crecimiento argentino.
El caso del programa de satélites ArSat es uno de los más paradigmáticos. Tres años después de que se sancionara la Ley de Desarrollo Satelital, que preveía priorizar la tecnología nacional del ArSat y la construcción de ocho satélites nacionales para 2035, el Gobierno optó por ignorarla y está dejando el negocio a manos de los capitales privados, especialmente la europea Eutelsat y la norteamericana Hispasat. Previamente desarticuló el trabajo del INVAP, que construía los satélites argentinos, y desafectó áreas como el centro de operación y control de lanzamientos de los satélites de Arsat, I y II.
El gobierno de Macri congeló y vendió el Arsat III y, por lo tanto, ese centro quedó deshabitado. Se trata de un complejo que está interconectado con otros cinco en el mundo, que prestan servicios similares. Cuando se lanza un satélite, es llevado hasta una órbita baja donde el cohete de transporte lo deja. Esta orbita no es geoestacionaria, y para terminar la operación de llevarlo a su órbita más alta para que pueda transmitir, se requieren 20 días de maniobras que son llevadas a cabo por los centros de los seis países en conjunto.
Esa asistencia tecnológica generaría una importante facturación en un negocio que alcanza los 50 mil millones de dólares anuales en el mundo. Están las instalaciones, está el personal capacitado y está el reconocimiento mundial de esa capacidad. Si genera recursos, mejora la capacidad tecnológica nacional y abre las puertas de un futuro menos dependiente, ¿por qué el Gobierno lo cierra y entrega el esfuerzo realizado por el país a operadores privados? Es un proceso inverso a la lógica con la que se han desarrollado los países.
Lejos de achicar gastos innecesarios y optimizar los recursos, esta política opta por perder divisas y avance tecnológico para favorecer un negocio privado que le deja al país cifras irrisorias frente al potencial que ya estaba en funcionamiento.
Cielos abiertos
¿Es realmente relevante el tema satelital? Es una tecnología clave para construir las futuras autopistas digitales, el mundo de las comunicaciones pasa por estos sistemas. “Es una tecnología que no se maneja en cualquier país, se requiere una trayectoria de formación de ingenieros y físicos. Nos va a generar ahorros en materia de alquiler de servicios satelitales. Si se logra fabricar para terceros, esto va a generar ingreso de divisas. Existe la posibilidad de que el satélite se pueda alquilar, porque podría dar cobertura a otros países de la región“, aseguraba en 2014 el ministro de Ciencia y Técnica, Lino Barañao, quien mantuvo su cargo y ahora avala la política privatizadora de cielos abiertos.
El lanzamiento del ArSat generó un ahorro de 25 millones de dólares anuales en servicios satelitales. En 2015, las utilidades del proyecto llegaron a los 800 millones de pesos y estaba en condiciones de seguir generando más recursos si se hubiera profundizando la política programada hasta el año 2035.
Uno de los argumentos más atractivos que usa el Gobierno para justificar el ingreso de operadores privados es que la competencia que genera el mercado satelital de cielos abiertos permite bajar las tarifas de telefonía e internet. Eso es cierto en el corto plazo. Lo que no se dice es que esa era una de las premisas que contemplaba el ArSat y que ese objetivo se hubiese logrado en el mediano plazo sin necesidad de desmantelar un trabajo de una década que ocupó a tres mil argentinos y que recién estaba empezando a dar frutos. Como lo saben todas las naciones que apostaron al desarrollo tecnológico, en los comienzos del armado de esas políticas hay que pagar costos, pero los beneficios futuros los justifican con creces.
En diciembre de 2016, el actual Gobierno se adjudicó el logro de la comercialización del ArSat II, que según el entonces titular de la empresa estatal, Rodrigo de Loredo, “tenía un porcentaje de comercialización igual a cero y hoy es del 38 por ciento”. Los trabajadores de ArSat desmintieron al funcionario dado que el anterior gobierno ya había acordado con Telefónica, Claro y la Red Intercable Satelital convenios por el 30 por ciento de la capacidad operativa. De paso, denunciaron que quedaba en claro la intención de desmantelar el proyecto porque en 2016 se ejecutaron sólo 55 de los 350 millones presupuestados para el programa satelital.
Con los seis permisos que se han firmado en enero para que operen satélites extranjeros para brindar servicios de televisión, radio y telefonía, suman 20 licencias desde que asumió Mauricio Macri. El argumento para permitir esa apertura, contraria a la ley vigente, son los tratados de reciprocidad entre países firmados en la primera década de este siglo. Sin embargo, la Argentina acaba de permitir a Brasil (en realidad, a la subsidiaria de la empresa holandesa SES, afincada en Brasil) operar sus satélites pese a que ese país no autorizó que pueda operar el ArSat, rompiendo de hecho esa reciprocidad.
La semiprivatización de INVAP, la empresa estatal que fabrica los satélites, asociada ahora a la multinacional Hughes, es un paso más hacia el freno de la política nacional satelital. El presidente Macri insiste en que no es una privatización, pero admite que el nuevo socio puede comprar hasta el 51 por ciento de la empresa. Frente al reclamo de los trabajadores les recomendó: “Que no se preocupen los muchachos, van a seguir trabajando en esto y en mejores condiciones”. Dos afirmaciones que la política oficial de cielos abiertos desmiente día a día.
Eduardo Blanco
Editor de Red PP