El gobierno nacional y la gobernación de la Provincia de Buenos Aires buscan desmantelar el Astillero Río Santiago, a pesar de que se trata de una empresa estatal con capacidad para el desarrollo de tecnología naval de primer nivel. Mientras el conflicto con los trabajadores crece, la Armada argentina firmó la compra de cuatro buques patrulleros Kership por 330 millones de dólares. Los ingenieros de Río Santiago calculan que esos navíos podrían fabricarse allí con un ahorro de 110 millones de dólares.
Vale la pena analizar las paradojas de esta compra:
1.- El principal argumento del gobierno de Cambiemos contra Río Santiago es que se trata de una empresa elefantiásica que no debería estar a manos del Estado.
Sin embargo, la empresa Naval Group con la que se cerró la compra de las embarcaciones es una firma con presencia mayoritaria del estado francés, que tiene el 62,25% de las acciones. Además, otro 2,75% de las acciones está en manos de los trabajadores.
2.- Otro argumento central de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal es que Astillero Río Santiago tiene 3 mil trabajadores y consideran que se trata de una planta de personal exagerada e improductiva.
Naval Group tiene 13.500 empleados, porque una actividad de las dimensiones que requiere la industria naval ocupa mano de obra en esas proporciones.
3.- Finalmente Al país le resultaría menos costoso comprar embarcaciones en el exterior y ahorrar el presupuesto del Astillero.
La compra de estas cuatro embarcaciones demuestra que no es así. Por otra parte, se conoció que en las negociaciones por esta compra, empresas de España e Israel presentaron presupuestos menores, una demostración de que el ahorro no es la meta del Gobierno.
En una charla debate realizada el jueves 8 en la UTN-FRBA, el ingeniero naval Leonardo Ferrante, jefe del Departamento de Estructuras del Astillero Río Santiago, hizo un pormenorizado relevamiento de los trabajos que están suspendidos por la decisión de los gobiernos de Macri y Vidal de no enviar partidas presupuestarias a la empresa. En algunos casos, como el buque petrolero Eva Perón, encargado por la empresa venezolana PDVSA, se trata de encargos que están casi terminados y que podrían costarle al país indemnizaciones millonarias por incumplimiento de contratos.
Los trabajadores tienen elaborado un trabajo con una serie de proyectos que revitalizaría al Astillero y recuperaría una actividad en la que la Argentina lleva 65 años de liderazgo a nivel regional.