Nestlé, el mayor fabricante de alimentos del mundo, advirtió a las autoridades australianas que la exigencia de elaborar un informe sobre la presencia de esclavitud en el la obtención de las materias primas para sus productos podría perjudicar a los consumidores porque deberían trasladar los costos de las investigaciones a los precios. La empresa reconoció que una de sus líneas compró productos de mercado esclavo en Tailandia y es acusada de favorecerse del esclavismo en Costa de Marfil.
Australia aprobó una ley que exige a las compañías que facturen más de 100 millones de dólares a brindar información sobre sus esfuerzos para combatir la esclavitud en las cadenas de producción en las que están involucradas. La corporación Nestlé anunció que esa medida obligará a que encarezcan sus productos porque tendrán que trasladar el costo de las investigaciones que realicen al precio final. Una no muy sutil forma de expresar que no le cae muy en gracia tener que dar explicaciones sobre una cuestión sobre la que ya tuvo que dar cuentas en los años recientes.
La industria del chocolate en la que opera Nestlé es una de las actividades en las que se verifican formas de esclavismo moderno, especialmente en países como Ghana y Costa del Marfil, que producen más del 70 por ciento de cacao del mundo. Allí, los granjeros que cosechan la materia prima del chocolate viven por debajo de la línea de pobreza y es común la explotación de menores y todo tipo de maltratos. Nestlé tuvo beneficios en 2017 por 7.183 millones de dólares y está valuada en unos 250 mil millones de dólares, el PBI conjunto de Ghana y Costa de Marfil representa apenas un 30 por ciento de ese patrimonio empresario.
La empresa admitió en 2016 que pudo constatar que en la línea de producción de su marca Fancy Feast, de alimentos para mascotas, había situaciones de esclavitud vinculadas con las condiciones en las que se desarrolla la industria pesquera tailandesa. Naturalmente la compañía explicó que desconocían esa situación y habían comprado de forma involuntaria a esclavistas. Pero esa aceptación de prácticas irregulares en las cadenas de suministros no incluyó la aceptación de que también hay trabajo infantil y explotación en las líneas de producción que utilizan en Costa de Marfil para el cacao.
La nueva legislación australiana se suma a las que ya existen en Estados Unidos y Gran Bretaña, donde las grandes empresas están obligadas a presentar informes sobre las actividades que realizan para impedir que sus productos tengan algún componente vinculado a la esclavitud en países pobres. Nestlé tiene una demanda colectiva en la justicia estadounidense por la situación de trata de personas en Costa de Marfil.
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