En 2006, el primer gobierno electo en Liberia tras 14 años de guerra civil adoptó un programa económico neoliberal que apuntaba a lograr que el cuarto país más pobre del mundo pueda empezar a crecer a partir del ingreso de inversiones privadas facilitadas por múltiples beneficios fiscales. Una década después, las inversiones generaron disputas por la tierra y problemas ambientales, mientras los inversores concretan negocios ventajosos.
La gran dificultad que encontró Ellen Sirleaf al asumir la presidencia de Liberia en 2006 fue el desafío de poner en marcha un país devastado por una guerra civil, con una economía de subsistencia que presentaba altísimos índices de desocupación. Se trataba de levantar ni más ni menos que a la cuarta nación más pobre del mundo.
Para atender esas urgencias, Sirleaf, una economista educada en Harvard, que trabajó para el Banco Mundial y que pertenece a una familia de la elite liberiana, optó por las recetas más ortodoxas del neoliberalismo. Abrió la economía de Liberia a las inversiones extranjeras con la esperanza de lograr el crecimiento mediante concesiones agrícolas que permitan el ingreso rápido de divisas.
En la década que lleva en el gobierno, Sirleaf, Premio Nobel de la Paz 2011, concedió amplias ventajas a los capitales extranjeros, pero la economía liberiana mantiene al 80 por ciento de la población bajo la línea de pobreza y el empleo se ha vuelto cada vez más inestable.
Entre las medidas tomadas durante los dos mandatos del actual gobierno, se destaca el pago de 150 millones de dólares a las contratistas Dyn Corp y Pacific Architects and Engineers, vinculadas con el gobierno de los Estados Unidos, para reorganizar las Fuerzas Armadas.
A la hora de buscar una solución para el problema educativo, el gobierno liberiano no buscó la ayuda de sus docentes sino que decidió cederle durante cinco años el control de la formación primaria a la Fundación Bridge International Academies, que cuenta con el apoyo de Mark Zukerberg y Bill Gates. A cambio de 65 millones de dólares, esta entidad aplicará un programa pedagógico ideado en el Primer Mundo a chicos con serias dificultades alimentarias.
La gran inversión
Fuera de estos gastos para reconstruir el Estado liberiano bajo los parámetros de los países centrales, Sirleaf consiguió una importante inversión del grupo Golden-Agri Resources, de Singapur, el grupo de inversores en aceite de palma más importante del mundo. Para operar en tierras liberianas, esta multinacional creó la Golden Veroleum Liberia (GVL).
Una detallada crónica publicada en el diario inglés The Guardian, da cuenta de que la promesa de GVL es tentadora. En un país con serios problemas de empleo promete generar 100 mil puestos de trabajo y una inversión total de 1.600 millones de dólares a cambio de explotar 220 mil hectáreas en dos condados de la región sureste del país.
A esas ventajas se agregan las de beneficiar a las comunidades donde operan con la provisión de agua potable, la construcción de escuelas y el acceso a clínicas para la atención de la salud. Pero esas ventajas no son jurídicamente vinculantes en el contrato que se estableció y no dejan en claro cuándo comenzarían a producirse los beneficios.
La contrapartida para los inversores es cuando menos discutible. La concesión de las tierras es por 65 años con la posibilidad de ampliarlos hasta los 98. El contrato original eximía a GVL de pagar impuestos por las tierras, aunque la reacción de los pobladores de la región obligó a la empresa a negociar algún tipo de compensación.
Pero el punto más conflictivo fue que el gobierno liberiano no tuvo en cuenta a la población local, que fue ignorada en los acuerdos pese a que su subsistencia depende en gran parte de la zona de bosques que se verá afectada por las plantaciones de palmas.
La industria de este producto es altamente contaminante y ha generado serios problemas en países productores como Malasia, Indonesia o Colombia. Lee Sworh, activista de Blogbo-Teh, un grupo comunitario de Jacksonville, pide la anulación del contrato de concesión entre GVL y el gobierno. dado que, afirma, no hay consenso. «Dejemos que la gente tome decisiones para la tierra que sus ancestros les dejaron: la tierra es nuestro tesoro, es nuestro banco, es nuestra vida», señala a The Guardian.
«Cuando la gente viene y toma esta tierra, ya no se puede cultivar más; todos estos lugares quedan bajo el control de los inversores. No se puede labrar la tierra aquí, no se puede hacer nada. Van a plantar la palma», argumenta Sworh.
Una investigación de la organización internacional Global Witness, les da la razón a los liberianos afectados. Según ese estudio, las comunidades se benefician más con la agricultura de subsistencia, la caza y la venta de carbón; actividades que se ven perjudicadas por la presencia de GVL.
El economista Sam Jackson, ex aliado de la presidenta Sirleaf, el gobierno se limita a reproducir el histórico modelo económico de plantación liberiano que desde mediados del siglo XIX, enriqueció a las élites y generó los conflictos internos más graves en ese país.
El gran inversor
A siete años de haber empezado sus actividades, las promesas de los inversores están lejos de cumplirse. De los 100 mil puestos de trabajo prometidos sólo se han generado 3.700, según GVL por culpa de la detención de las obras que ocasionaron las protestas de los pueblos involucrados en la zona.
En defensa de GVL, el CEO de la compañía, David de Rothschild, describe un futuro lleno de oportunidades para Liberia. «La historia de la industria mostrará que la primera generación aparece con trabajadores desempleados, los niños van a la escuela, aprenden del sistema educativo que les brindamos y la siguiente generación se convierte en gerentes de esas granjas», afirma Rothschild, en la citada crónica. Por ahora, los trabajadores de GVL se dedican a trabajos rudimentarios como el desmalezamiento.
En una reunión de diciembre de 2012, las comunidades liberianas afectadas por la explotación del aceite de palma, denunciaron que los contratos con empresas como GVL permitían la reubicación de comunidades en función de las necesidades empresarias, el derecho a hacer carreteras y drenar humedales (fundamentales para los cultivos locales) sin consultar a las poblaciones afectadas, enormes ventajas impositivas y un precio de explotación de apenas 5 dólares la hectárea plantada.
La fortuna de los Rothschild es muy difícil de calcular por la diversificación de su cartera de inversiones y el enmarañado entramado de fortunas repartido entre los numerosos miembros de la familia, pero los más cautos estiman que no puede ser menor de 3.500 millones de dólares, una cifra que duplica el PBI de Liberia.
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